La magistrada, que interpuso la cuestión prejudicial sobre gastos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha aplicado la Segunda Oportunidad y exonerado a un empresario de su deuda con Hacienda, siguiendo la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2019 que concluye que las deudas públicas se pueden exonerar.
En este caso, el empresario sufrió una derivación de responsabilidad de la Agencia Tributaria, como administrador de una sociedad, y en esa derivación es cuando se activa la Ley de Segunda Oportunidad.
En este contexto, se espera que el Tribunal Supremo pueda fallar en otros asuntos y así establecer una doctrina sobre los créditos públicos, que podría cristalizar en una nueva Ley Concursal que beneficiaría al deudor y que podría agilizar muchos procedimientos de Segunda Oportunidad.
