- Permiso para que la Agencia Tributaria inspeccione por sorpresa los domicilios y las empresas (medida cuestionada por los tribunales).
- Pagos en efectivo limitados de 1.500 euros a 1.000 en el caso de empresas, y a 2.500 euros en particulares.
- Ampliación de los deudores tributarios, pasando del millón de euros a los 600.000.
- Mayor control sobre la tenencia y operaciones con criptomonedas. El proyecto también considera la prohibición de softwares de doble uso utilizadas por las grandes compañías para manipular la contabilidad.
- Gravamen de los pactos sucesorios, una modalidad de herencia en vida que exoneraba de pago hasta ahora. La ley plantea para los sucesores de los contribuyentes un incremento en el IRPF.
- Cambios en el valor de referencia: en la enajenación del bien se sustituye el valor del catastro por un valor real.
